La agricultura en la que se utiliza la práctica de riego, bajo cualquier de sus modalidades o sistemas, marca una diferencia importante, porque permite incrementar la disponibilidad de alimentos, y optimiza la generación y distribución de ingresos en el área rural, por ello es clave conocer la situación de este tema en el país.

Existe una brecha significativa entre las tierras que tienen potencial para la agricultura bajo riego y las que cuentan con estos sistemas actualmente. Se considera que en 3.9 millones de hectáreas es viable esta práctica; de estas un 50% cuentan con un potencial alto y medio.

En contraste a los datos anteriores, la cobertura actual en donde se ejecuta el riego de esta forma alcanza únicamente las 460 mil hectáreas.

El fomento del riego por parte del Estado inició en 1957 con la creación del departamento de Recursos Hidráulicos, dependencia del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) que tenía como objetivo realizar estudios y programas para el desarrollo social y económico de las regiones central y oriental del país, por medio de la agricultura bajo riego.

Desde entonces se han registrado esfuerzos desde lo público y lo privado para incrementar la cobertura de tierras agrícolas, lo cual ha sido un desafío a través de las décadas, pues, en la actualidad, únicamente 12% del total de áreas con potencial tienen sistemas de irrigación.

De dichas áreas el 89% han sido con contribución de las empresas agroexportadoras, en tanto el Estado ha contribuido con el seis por ciento de esta cobertura, señala el estudio “Actualización y Análisis del Potencial de Riego en Guatemala”, desarrollado en 2023.

Con estas cifras, se evidencia la necesidad de contar con más sistemas de riego que requieran un uso más eficiente del agua, tanto por la demanda y la competitividad del mercado agrícola, como por la variabilidad climática y los efectos del cambio climático que impactan en el ciclo de lluvias, y en la cantidad y calidad de agua disponible para la producción.